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Hace más de 50 años que se estrenó “2001 una odisea en el espacio”, una película de culto dentro del género de la ciencia ficción donde ya abordaba la polémica, respecto a cuáles deberían ser los límites éticos y jurídicos de la IA. Hoy día interactuamos más de lo que pensamos con cerebros artificiales, con elementos que “piensan” por nosotros y que se han convertido en parte indispensable de nuestra cotidianidad: planifican la mejor ruta para nuestro viaje, aprueban nuestra petición de un préstamo bancario o, hasta responden nuestra reclamación efectuada a una compañía aérea.
El derecho no es ajeno al desarrollo de la IA, en especial a la toma de decisiones por parte de los robots y las responsabilidades derivadas de las mismas que, no son sólo jurídicas, sino también éticas: Google dejó de invertir en sus gafas glass, al menos en su proyecto original; renunció tras la compra de Boston dynamics a continuar el proyecto sobre robots militares y abandonó la investigación sobre reconocimiento de imágenes porque atentaban contra principios éticos.
Desde 2014, la Comisión Europea comenzó a regular la utilización de los datos en una economía global, así surgieron: el Reglamento sobre la libre circulación de datos no personales, la norma sobre ciberseguridad, la Directiva sobre los datos abiertos y el Reglamento General de Protección de Datos.
Un paso más supuso la aprobación por el Parlamento Europeo, el 16 de febrero de 2017, del informe en el que recomendaban a la Comisión la regulación de normas tendentes a garantizar que los robots estén al servicio de los seres humanos. En 2018, la Comisión presentó por primera vez una estrategia de Inteligencia Artificial (IA) y acordó un plan coordinado con los Estados miembros.
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La Comisión Europea, por su parte, propuso entre sus prioridades para 2019-2024, conformar una Europa apta para la era digital. Así lo señaló en sus orientaciones políticas, la presidenta Ursula von der Leyen, que subrayó la necesidad de que Europa lidere la transición hacia un planeta sano y un nuevo mundo digital. En ese contexto, anunció el inicio del debate sobre una inteligencia artificial humana y ética y el uso de los macrodatos para crear riqueza en las sociedades y empresas durante sus primeros cien días en el cargo.
El libro blanco sobre la inteligencia artificial, un enfoque europeo a la excelencia y a la confianza, divulgado el 19 de febrero de 2020, es un ejemplo de este punto de vista europeo coordinado, orientado a constituir un ecosistema de excelencia, fundamentado en la concertación de los países miembros, la investigación y la implementación de la IA en los sectores público y privado basado en la garantía de conformar un marco legal asociado a la IA que minimice los riesgos para los derechos fundamentales de los individuos, los riesgos de seguridad y garantice un buen régimen de responsabilidad civil.
En este sentido, el 20 de octubre de 2020, el Parlamento Europeo aprobó tres recomendaciones tendentes a seguir profundizando en estos objetivos; así, sugirieron a la Comisión la necesidad de regular la IA en lo referente a los aspectos éticos, la responsabilidad civil y los derechos de la propiedad intelectual de la IA.
El primer informe de 2 de octubre, sobre la IA y los derechos de la propiedad intelectual e industrial, el Parlamento recomienda adoptar nuevas garantías que protejan el sistema de patentes de la UE contra los abusos que se cometan contra ellas. El informe establece unas pautas que han de diseñar un marco regulador de la IA en materia de estos derechos con vocación de convertirse en una referencia normativa a escala internacional.
En el informe de 5 de octubre, el Parlamento insta a la Comisión Europea a diseñar un nuevo marco jurídico que regule las reclamaciones interpuestas contra el operador de un sistema de IA, estableciendo, un régimen de responsabilidad objetiva, solo eludible por fuerza mayor. Todos los operadores de sistemas de IA de alto riesgo, deberán contratar un seguro de responsabilidad civil adecuado. Se recomienda prohibir la inclusión de cláusulas contractuales que exoneren o limiten la responsabilidad civil, proponiendo la nulidad de las mismas. Esta propuesta del Parlamento se ha basado en la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 relativa al seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, tanto en lo relativo al seguro obligatorio como a los máximos indemnizatorios.
El informe de 8 de octubre, cuyo ponente ha sido el eurodiputado español García del Blanco, regula el marco de los aspectos éticos de la IA, que han de respetar los principios de dignidad, autonomía y seguridad humanas, así como los recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Estas tecnologías deberán acatar el Reglamento General de Protección de Datos y la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas. En este sentido, al regular las tecnologías de alto riesgo, se recomienda la realización, tal y como ocurre en el RGPD, de un informe de evaluación de riesgos, basado en criterios objetivos, así como una evaluación de conformidad a certificar por las autoridades nacionales de control, que deberán expedir un visado positivo de idoneidad ética. Estas tecnologías de IA de alto riesgo, deberán garantizar una supervisión humana integral que prevea la alteración e incluso, la desactivación de tales tecnologías. Asimismo, deberán contribuir al progreso sostenible sin causar daños al medio ambiente. En cuanto a la protección de datos se establece específicamente que las “tecnologías de reconocimiento remoto” como el reconocimiento de características biométricas, en particular la de reconocimiento facial, únicamente deben ser implementadas o utilizadas por las autoridades de los Estados para fines de interés público esencial. Se trata de evitar abusos graves como la vigilancia masiva o la actuación policial predictiva.
El Parlamento Europeo recomienda en sus tres informes que se adopte la forma jurídica de un Reglamento y no de una Directiva, para garantizar unas normas iguales para toda la UE que contribuyan a una mayor seguridad jurídica. La propuesta legislativa de la Comisión se espera antes de junio de este año. Sin lugar a dudas será una norma precursora para el futuro de la Inteligencia Artificial.
LISARDO GARCÍA RODULFO
Director Internacional del bufete Maat Abogados & Asociados
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